Tres menores han sido detenidos como presuntos responsables de la "muerte violenta" de una educadora de 35 años en un piso tutelado de Badajoz. Vivian en un piso de cumplimiento de medidas judiciales.

Estos días hemos asistido a la terrible noticia del asesinato de una educadora social por parte de tres adolescentes. Frente a lo que nunca tuvo que suceder si se hubieran tomado las medidas necesarias, surgen determinadas preguntas y cuestionamientos sobre si lo estamos haciendo bien y qué medidas tomar para que esto no se repita. Lo primero que automáticamente la gente se plantea es cambiar la ley, siempre pensamos que el castigo es la solución.  Necesitamos pensar que el tratamiento y la intervención con los menores debe mejorarse y sobre todo debemos valorar otras medidas preventivas para no tener que intervenir cuando el daño ya se ha producido.

LEY ORGÁNICA 5/2000 DE 12 DE ENERO REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES

Cada vez que un suceso terrible sucede en el que menores de edad están implicados surge el debate sobre esta ley e incluso sobre la necesidad de disminuir la edad penal de imputabilidad de los menores que actualmente está en los 14 años.  La justicia juvenil presenta unas características diferenciadas de la justicia de adultos esto es lo primero que se debe explicar, se basa en el principio de especialidad.  Este principio tiene en cuenta las características especiales de los delitos cometidos por adolescentes y su gestión se lleva por personal especializado Están sujetos a leyes específicas centradas en esta reinserción, y ofrecen una respuesta individualizada y adaptada a cada uno de los chicos y chicas y sus circunstancias. Incluso el entorno debe ser diferenciado a los centros de adultos. Esto implica la necesidad de gestionar el delito de una manera pedagógica, humana y siempre que sea posible fuera del derecho penal, privilegiando el principio de oportunidad. Y aún si hubiera que usarlo cualquier medida tiene que tener un enfoque educativo y reinsertador (que ayude al adolescente a reconectar con su entorno y en la comunidad) A los menores infractores se les impone una medida de seguridad no una pena. Esta especialidad y diferenciación tiene que ver con sus características, tienen una personalidad en formación y debe buscarse y primarse este enfoque pedagógico. Si en adultos el objetivo de las penas es la reinserción en adolescentes todavía cobra más sentido. Todo esto debe conseguirse sin vulnerar los derechos de las víctimas. El problema surge con esto último ya que en un acto de solidaridad con las víctimas se suele considerar que esta ley y en general todas las leyes de adolescentes son excesivamente blandas y que se requeriría un aumento del castigo.  

Por mucho que se aumente el castigo, no implica solución a la violencia, más bien al contrario los menores pueden sentirse víctimas del sistema y generar todavía más odio a la sociedad. Esto sucede en adultos y con mucha más razón puede pasar en adolescentes. Es esencial además de las medidas de internamiento si el delito es grave una serie de intervenciones que ayuden a la persona adolescente a reflexionar sobre su conducta, para que puedan entender el daño causado y visionar un futuro diferente. Suena utópico, lo sé, pero si verdaderamente confiamos en la reinserción, apostamos por un mañana donde los adolescentes con toda una vida por delante pueda reinsertarse en la sociedad es necesario pensar en esta reeducación y función pedagógica de las medidas que se les imponen. Y si no lo queremos ver así, podemos pensar en otra argumentación, por muchos años que aumentáramos el internamiento, por muy punitiva que convirtiéramos la ley, estos adolescentes saldrían de allí en una edad donde todavía serían considerados personas jóvenes, y la verdad como miembro de la comunidad prefiero apostar por medidas de reeducación que favorezcan la reinserción, y estos jóvenes se integren que por castigo.  Llegará un momento que vuelvan a salir y sin garantías de que el tiempo haya hecho mella suficiente en ellos y ellas como para querer no volver a delinquir. Si queremos sentirnos más seguros, si queremos no convertirnos en potenciales víctimas debemos apostar por la reinserción.

Con respecto a disminuir la edad de responsabilidad penal, algo que siempre se cuestiona estoy convencida que es un debate carente de sentido, creemos que niños y niñas menores de 14 años son totalmente responsables de sus actos, pero por otro lado no permitimos que voten hasta los 18, que tengan carnet de conducir hasta esa edad o incluso que puedan beber alcohol. Para algunas cosas infantilizamos a los adolescentes, pero para otras pretendemos que tengan las capacidades necesarias para entender las consecuencias de sus acciones. Lo que si se debería hacer es políticas públicas de prevención y otras medidas para trabajar con adolescentes que han cometido delitos y son inimputables. Si se trabajara en este ámbito, la sociedad estaría más tranquila y no exigiría una y otra vez un aumento del castigo que no tiene sentido y solo nos deja un falso sentimiento de seguridad y tranquilidad.

LOS CENTROS DE CUMPLIMENTO DE MEDIDAS

Según la ley de responsabilidad del menor y referente el internamiento en régimen semiabierto que es la medida que tenían impuesta estos adolescentes: “ Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida. La realización de actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas…” Son adolescentes condenados por delitos leves o menos graves y efectivamente pueden salir para cumplir con las actividades que les hayan impuesto para lograr la reinserción.  El problema reside en la falta de seguridad de las personas que trabajan en contacto con estos chicos y chicas.

Creo que es responsabilidad de la administración y subsidiariamente de la empresa con la que ha subcontratado proveer a los trabajadores de los recursos y la asistencia necesaria para lograr realizar su labor con todas las garantías y no solo por el bien de estos trabajadores sino por el interés superior de estos chicos y chicas. No ha sido un simple trágico suceso, sino que la responsabilidad es directamente imputable a quién debió proteger a los trabajadores y a los adolescentes que residen en el centro y no lo ha hecho. Seguramente será necesario plantearse los escasos recursos que se destinan a construir y reparar comunidad reinsertando a las personas adolescentes en conflicto con la ley y los muchos recursos que destinan a otras cosas secundarias.

Si creemos en los fines de las penas y las medidas de seguridad y si pensamos en lo mejor para las víctimas debemos invertir en capital social que puedan ayudar a víctimas a sanar y las personas ofensoras a entender el impacto de sus acciones. Pero por supuesto garantizando su seguridad y que su labor se haga de forma profesional y humana.

Además, sería necesario plantearse otras intervenciones que más allá de las habituales puedan colaborar para fomentar en las personas adolescentes la empatía, responsabilización y su voluntad de no querer volver a dañar a otras personas.

ESPACIOS RESTAURATIVOS E INTERVENCIONES RESTAURATIVAS

Una vez más y a riesgo que se haga popular la palabra (ya hay varias personas que han copiado mi reclamación de espacios restaurativos) es importante generar espacios restaurativos incardinados en verdaderos programas que sean un complemento al plan individualizado de la persona adolescente. Estos espacios van a contribuir a lograr una mayor reinserción. No estoy hablando de reunión víctima-ofensor en delitos menores (nuestra ley de forma totalmente errónea habla de conciliación o reparación. En este caso la ley si debería reformarse para habla de justicia restaurativa con claridad y no confundirla con otras instituciones afines). Estoy refiriéndome a verdaderos programas que busquen objetivos restaurativos que ayuden a los y las adolescentes a entender el impacto de sus acciones y adquirir compromisos de reparación del daño. Durante la celebración de estos programas es cuando se deberían generar estos espacios restaurativos que fomenten la responsabilización de las personas adolescentes y su reflexión sobre lo realizado hasta ahora. Además, les deben ayudar a visionar un futuro nuevo.  Para poder implementar estos programas restaurativos primero se debe entender que es la justicia restaurativa, qué son los programas y sus diferencias con talleres o cursos, y se deben diseñar de acuerdo con los principios de esta justicia. Pueden tener como complemento actividades no restaurativas pero que pueden ser útiles para que los adolescentes reflexionen, encuentren narrativas diferentes a lo vivido y así visualizar un mañana alejado de los delitos. Pero se deben realizar de forma adecuada porque, por ejemplo, no es posible que a estas alturas se hagan guías para instituciones restaurativas y se incluya como metodología restaurativa el coaching.

Tampoco es de recibo que se haga mucho marketing de las bondades de la justicia restaurativa, y luego en la práctica todo se reduzcan a unos cursos rápidos. Ayudar a las personas a reflexionar sobre sus acciones, acompañarlos en el proceso de entender los daños causados y a repensar el futuro, no es sencillo. La justicia restaurativa no es mágica. Pero además como la justicia restaurativa trata de construir, fortalecer o reparar comunidad sería importante la prevención.  Para todos los políticos y expolíticos que hablan ahora de políticas públicas de justicia restaurativa les invito a generarlas de verdad. En un mundo en el que parece que hemos perdido los valores esenciales como el respeto al adulto, la autoridad de los progenitores, sería necesario invertir en programas restaurativos comunitarios y familiares que trabajen el vínculo familiar. Si no actuamos a una edad temprana, cuando sean adolescentes va a ser más difícil prevenir conductas violentas. Las conexiones fuertes disuaden de cometer delitos y necesitamos ayudar a familias y comunidades donde los niños y niñas se sientan desconectados. También a familias que no sepan cómo gestionar la educación. Educar es difícil y más todavía en la actualidad donde vivimos en una época en la que parece que los progenitores en vez de esto son amigos de sus hijos, queremos que nuestros hijos no sufran y no los preparamos para la vida. La vida no es sencilla y necesitan sentir la frustración, entender que no siempre las cosas salen como pensamos. En definitiva, también sería importante repensar la educación, porque la educación se hace en casa no en los colegios. Si una familia se ve saturada por no saber conectar con sus hijos e hijas, sería importante contar con recursos restaurativos en estos ámbitos: familiar, educativo y comunitario.

Generar estos espacios restaurativos sería una buena forma de prevención.

CONCLUSIONES

Ante sucesos tan terribles debemos evitar pensar que lo primero es aumentar los castigos. Lo esencial será que si creemos y apostamos por una justicia juvenil que sea educativa y reinsertadora, las personas que trabajan con estos chicos y chicas deben tener los recursos y la seguridad necesaria para realizar su labor de forma eficaz y sin miedo. Y en este caso toda la responsabilidad la tienen las administraciones, si creemos en el capital humano debemos invertir dinero todo lo demás es buenismo. Además, deberían buscarse más recursos y no mezclar en un mismo centro adolescentes con una primera medida con otros que tienen ya un historial de hechos delictivos. La justicia juvenil debe ser individualizada y debe en interés superior del adolescente buscarse los recursos para que puedan gestionarse las medidas de la forma más adecuada.  Por último, y no menos importante los espacios restaurativos integrados en programas serían un complemento ideal a estas medidas. No me sirve que pensemos que ya se hace porque el adolescente está haciendo un trabajo en beneficio de la comunidad, por ejemplo. Los trabajos en beneficio de la comunidad no son justicia restaurativa per se.