Barcelona, 5 feb (EFE).- Un acuerdo entre cinco comunidades autónomas, entre ellas Navarra, impulsado por la Síndica de Greuges de Cataluña apuesta por medidas alejadas de las sanciones en la resolución de conflictos entre los ciudadanos y la administración pública que llegan a las instituciones de defensa de los derechos.

En el marco del Día Europeo de la Mediación, este miércoles ha tenido lugar en Barcelona la firma del acuerdo de las defensorías sobre la cultura de la justicia restaurativa, un modelo que busca el diálogo, la conciliación, el acuerdo y la reparación para solucionar los conflictos.

Dicho acuerdo, impulsado por la síndica de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, también ha sido firmado por el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada; el ararteko del País Vasco, Manuel Lezertua Rodríguez; la diputada del Común de las Islas Canarias, María Dolores Padrón, y el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera Donazar.

"La justicia restaurativa se basa en la igualdad social, de forma que las partes implicadas puedan llegar a acuerdos a través de la mediación", ha declarado este miércoles en rueda de prensa Giménez-Salinas.

 

Un protocolo de actuación

La defensora del pueblo en Cataluña ha explicado que más de 200 quejas presentadas al Síndic que afectan a las áreas de educación, seguridad ciudadana y justicia, función pública o urbanismo, entre otras, ya se han trabajado desde esta perspectiva.

En esta línea, la institución ha aprobado un protocolo interno sobre cómo actuar en aquellos casos en los que alguna de estas medidas alternativas sea adecuada para resolver la cuestión planteada.

En caso de que sea viable, se propone a las partes una medida concreta para resolver el caso (mediación, diálogo, conciliación, círculo restaurativo), se realizan sesiones individuales o conjuntas con los interesados y la Administración, y se finaliza el proceso con un acuerdo, que contiene compromisos o la reparación material documentada.

El acuerdo entre las cinco instituciones, según ha detallado la Síndica, parte de la "cultura de la paz" y puede ser "una gran oportunidad para que la justicia restaurativa transforme la realidad a través de la responsabilidad, la reparación del daño y el respeto".

Apuesta por el diálogo

Giménez-Salinas ha detallado que, hasta el momento, cada una de las defensorías de estas cinco comunidades aplicaban sus propios criterios en justicia restaurativa y mediación. Con este pacto, las comunidades autónomas formalizarán una red de comunicación y pondrán en común las diferentes actuaciones que llevan a cabo.

"Firmar un acuerdo con cinco comunidades autónomas es dar un salto cualitativo inmenso", ha valorado.

Los cinco defensores del pueblo se han comprometido a abrir vías "más creativas y menos adversariales" para resolver los conflictos entre los ciudadanos y la Administración pública y han acordado implementar herramientas como la mediación, el acuerdo o la reparación, en consonancia con la cultura de la paz.

En paralelo, la Síndica ha argumentado que, en cuanto a la justicia penal, "la víctima no suele considerar haber quedado reparada", y por eso también apuesta por la justicia restaurativa en este ámbito a través del diálogo.

"No creo en el castigo, lo que hay que procurar es que no se repita la conducta", ha concluido.

En el acto también han participado el magistrado emérito Pascual Ortuño, referente internacional en el ámbito de la mediación y la resolución alternativa de conflictos, y el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, que ha destacado la importancia de este acuerdo: "Deseo que ayude a cambiar algunas prácticas de la justicia y que impulse la cultura de la paz".