Fundación Aranzadi LA LEY ha presentado la XVI edición del Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, patrocinado por Banco Santander. Este informe, que lleva publicándose una vez al año ininterrumpidamente desde 2008, analiza los diversos factores que afectan a la actividad del sistema judicial español, sus problemas y carencias, sus progresos y las medidas a implementar para poder mejorar el servicio público de la Justicia en nuestro país. Este año el estudio se ha centrado en el reparto del poder de organización en los órganos judiciales antes y después de la reciente Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y ofrece una visión comparada con países de nuestro entorno
La presentación ha contado con la participación de Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY; Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid; Jesús Remón, socio presidente de Uría Menéndez; Cristina Retana, directora de Innovación y Contenidos de Aranzadi LA LEY; Juan Mora- Sanguinetti, Senior Economist at the Banque de France and Banco de España- Eurosistema; y Miguel Pasqual del Riquelme, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Cristina Sancho, tras dar la bienvenida a los asistentes en el auditorio de Uría Menéndez, ha reiterado que este Informe, que la Fundación Aranzadi LA LEY publica cada año desde 2008 “contribuye a dotar a la comunidad jurídica, la clase política, los medios de comunicación y la sociedad en general, de información de alto valor añadido, aportando recomendaciones para la mejora de nuestro sistema judicialy el acercamiento de la Justicia a la ciudadanía ".
En relación con la Ley de medidas para la eficiencia del servicio público de Justicia (LO 1/2025) publicada en enero, Remón ha insistido que “si los medios son adecuados y el desarrollo es eficiente, los tribunales de instancia pueden ser una medida beneficiosa para mejorar las tasas de litigiosidad, duración de los procedimientos y predictibilidad de las resoluciones”.
Desafíos estructurales y propuestas desde la Abogacía de Madrid
El decano del ICAM ha destacado los retos estructurales que enfrenta el sistema judicial en España. Entre las principales problemáticas se identificaron el colapso judicial por la dilación de los procesos, la elevada congestión y desigualdad territorial en la administración de Justicia, y la crítica situación económica derivada de los 4.800 millones de euros paralizados en cuentas judiciales.
Ribón ha subrayado la necesidad de adoptar medidas inmediatas, como el incremento de recursos humanos y materiales, la reforma integral del modelo organizativo, y una atención especial a los abogados del turno de oficio. Además, anunció la puesta en marcha de un "Plan de Apoyo a la Justicia y al Derecho de Defensa" para promover reformas estructurales que garanticen el acceso a la justicia y el derecho de defensa de forma efectiva.
Indicadores de la Actividad de la Justicia
Con la ayuda de la herramienta de análisis jurisprudencial Jurimetría, Retana ha analizado la estadística judicial del año 2024 basándose en los diez indicadores básicos de este informe (tasa de resolución, congestión, litigiosidad, duración media, pendencia, número de sentencias y de asuntos ingresados por juez y magistrado, ejecución de resoluciones judiciales, confirmación de resoluciones en apelación o suplicación, y la confirmación de resoluciones en casación) que reflejan la evolución de la actividad de los tribunales año a año: “Los principales indicadores de la actividad de la Justicia reflejan un deterioro en la capacidad resolutiva de los órganos jurisdiccionales, lo que genera una mayor congestión y una duración media de los litigios de 9,2 meses”.
Pese a esta situación, señaló una ligera mejora del 1,1% en el número de sentencias por juez o magistrado, aunque insuficiente para reducir el alto volumen de resoluciones pendientes. Retana apuntó que será clave observar el impacto de la reorganización judicial aprobada en la Ley Orgánica 1/2025 en los próximos meses.
La Justicia española: avances organizativos y desafíos pendientes en los últimos veinte años
El despliegue de sucesivos modelos organizativos en la Justicia española, acompañado de un nuevo reparto de competencias entre los distintos roles profesionales que integran los órganos judiciales, ha generado profundos cambios en la distribución del poder organizativo en juzgados y tribunales.
Según Pasqual del Riquelme, estos cambios han traído importantes ventajas desde el punto de vista organizativo, aunque también han derivado en nuevas patologías, conflictos y disfunciones que no siempre han sido resueltos de forma adecuada: "La medición de la eficiencia y el rendimiento comparado de los diferentes modelos desplegados en los últimos veinte años, que han sido hasta tres, sigue siendo una tarea pendiente", afirmó.
Estos comentarios invitan a reflexionar sobre la evolución del sistema judicial en España y subrayan la necesidad de abordar los retos pendientes para optimizar su funcionamiento.
El impacto de la organización judicial en la economía: análisis y propuestas
Mora-Sanguinetti ha centrado su intervención en los modelos organizativos de los órganos judiciales en España y otros países destacando el cambio hacia la descentralización en España, con un mayor protagonismo del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y la Nueva Oficina Judicial (NOJ). Comparado a nivel internacional, España se sitúa en un modelo intermedio de gestión, aunque enfrenta desafíos en la duración de los procedimientos judiciales, que impactan directamente en la economía. Según su análisis, una reducción de la congestión judicial podría aumentar la inversión empresarial, la tasa de emprendedores y la disponibilidad de vivienda en alquiler, subrayando la importancia de optimizar los sistemas judiciales para potenciar el desarrollo económico.
El Informe 2024 del Observatorio de la Actividad de la Justicia se puede descargar AQUÍ.
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