La independencia del Ministerio Fiscal constituye uno de los pilares esenciales para garantizar la separación de poderes y la imparcialidad en la administración de justicia. Sin embargo, el sistema actual de nombramiento del Fiscal General del Estado, en el que el Gobierno juega un papel central, suscita serias dudas sobre la autonomía real de esta institución y, por ende, sobre su capacidad para cumplir con su mandato constitucional y legal.

El artículo 124 de la Constitución Española define las funciones del Ministerio Fiscal como promotor de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Además, señala que este organismo debe actuar conforme a los principios de legalidad e imparcialidad, características que deben guiar todas sus decisiones. La Ley 50/1981, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, refuerza esta visión al destacar la relevancia constitucional del Ministerio Fiscal como un órgano autónomo del Poder Judicial. Sin embargo, esta autonomía teórica se ve comprometida por las disposiciones que otorgan al Gobierno una influencia decisiva en el nombramiento y cese del Fiscal General del Estado.

El procedimiento de nombramiento actual establece que el Fiscal General del Estado sea designado por el Rey, a propuesta del Gobierno, previo informe del Consejo General del Poder Judicial. Este diseño, si bien incluye elementos de consulta y asesoramiento, concentra en el poder ejecutivo la capacidad última de decidir quién ocupará un cargo clave para la justicia en el país. Aunque la Constitución exige que la propuesta recaiga en juristas de reconocido prestigio, este criterio no elimina el riesgo de que la elección se realice atendiendo a intereses políticos antes que a la idoneidad profesional y a la independencia requerida por el cargo.

La dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal es otro factor que complejiza su papel como garante de la legalidad. Conforme al artículo 8 de la Ley 50/1981, el Gobierno puede interesar al Fiscal General del Estado para que promueva actuaciones concretas en defensa del interés público, lo que abre la puerta a interferencias políticas en casos de especial sensibilidad. Aunque la ley exige que tales solicitudes sean razonadas y valoradas por la Junta de Fiscales de Sala, el marco normativo no impide que las decisiones del Fiscal General estén condicionadas por los intereses del Ejecutivo que lo ha nombrado.

En este contexto, resulta particularmente preocupante que un presidente del Gobierno haya utilizado expresiones como "su fiscal general del Estado", subrayando implícitamente un vínculo que erosiona la percepción de imparcialidad. Las palabras pronunciadas en 2019 por el presidente Pedro Sánchez, al afirmar que la Fiscalía depende del Gobierno, refuerzan la idea de que el Fiscal General puede ser visto como un instrumento del poder ejecutivo, en lugar de una figura autónoma destinada a garantizar el interés público.

El problema de fondo no se limita a la percepción pública, sino que tiene consecuencias prácticas que afectan la confianza en las instituciones del Estado. La falta de independencia percibida del Ministerio Fiscal puede deslegitimar sus actuaciones en casos de corrupción política o en investigaciones que involucren a figuras relevantes del ámbito gubernamental. Así, se plantea una contradicción esencial: ¿cómo puede un Fiscal General del Estado investigar de forma objetiva hechos que implican al mismo Gobierno que lo ha propuesto?

El artículo 31 de la Ley 50/1981 establece que el mandato del Fiscal General del Estado tiene una duración de cuatro años y que cesa automáticamente cuando lo hace el Gobierno que lo propuso. Esta disposición evidencia una conexión directa entre el destino político del Ejecutivo y el desempeño del Ministerio Fiscal, lo que compromete la estabilidad y la imparcialidad de esta institución. Si bien se contempla la posibilidad de cese anticipado por incumplimiento de funciones, enfermedad o incompatibilidades, la determinación de estas circunstancias corresponde al Consejo de Ministros, lo que perpetúa el control político sobre el Ministerio Fiscal.

La imparcialidad, principio rector de la actuación del Ministerio Fiscal según el artículo 7 del Estatuto Orgánico, exige un cambio profundo en el modelo de nombramiento y cese del Fiscal General del Estado. Una solución posible podría consistir en la transferencia de esta competencia a un órgano independiente, como el Consejo General del Poder Judicial o el Parlamento, garantizando un proceso de selección basado exclusivamente en criterios objetivos y transparentes.

Cabe reseñar que la situación actual en España, con un modelo de nombramiento que fomenta la subordinación del Fiscal General del Estado al Gobierno, se aleja de los estándares más elementales y plantea riesgos significativos para el Estado de Derecho. Es urgente reformar este marco legal, modificando el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para garantizar que el Ministerio Fiscal cumpla plenamente su misión constitucional, sin injerencias políticas ni condicionamientos ajenos a los principios de legalidad e imparcialidad, resultando interesante la idea de hacer depender el nombramiento del Fiscal General del Estado para que se proponga al Rey su designación por el Consejo General del Poder Judicial.

En resumidas cuentas, el Fiscal General del Estado no debe ser una figura al servicio del Gobierno, sino un garante de la justicia y de los derechos de la ciudadanía. El actual sistema de nombramiento debe ser revisado para fortalecer la autonomía de esta institución y restaurar la confianza pública en su imparcialidad. Solo mediante una reforma estructural que garantice la independencia del Ministerio Fiscal será posible consolidar un Estado de Derecho sólido y equitativo.