Más de 100 personas afectadas por la DANA que azotó Valencia a finales de octubre han decidido dar un paso al frente y reclamar justicia ante los trágicos hechos que terminaron con la vida de cientos de personas, y cambiaron por completo la de otras muchas
Para ello, cuentan con el respaldo de Vilches Abogados, que ha iniciado una acción legal contra quienes se considera responsables.
Esta semana la Asociación de Damnificados Horta Sud Valencia ha interpuesto una querella contra varios representantes de organismos oficiales, y Manuel Hernández, CEO y socio fundador del bufete, se ha desplazado a Valencia para presentar la denuncia ante el Juzgado de Instrucción.
El objetivo es claro: defender los derechos de quienes han sufrido pérdidas humanas, materiales y emocionales debido a la falta de previsión y acción de las administraciones públicas.
¿Cuáles son los delitos que se denuncian?
Tras una exhaustiva investigación, se han recopilado pruebas que apuntan a la posible comisión de varios delitos, entre ellos:
- Homicidio imprudente.
- Lesiones y daños imprudentes, tanto materiales como morales, derivados de la inseguridad y la falta de respuesta.
- Precaricación y omisión del deber de socorro por parte de los organismos responsables antes, durante y después del desastre.
¿Quiénes son los afectados?
Entre los demandantes se encuentran quienes se vieron afectados por la riada y que sufrieron no solo daños materiales, sino los derivados de la inseguridad, del temor a perder su vida, y de la perdida de calidad de vida, porque destaquemos que cientos de personas se han quedado sin nada
- Residentes de las zonas afectadas por las inundaciones.
- Familiares de las víctimas fallecidas.
- Otros damnificados que han visto como su vida ha cambiado por completo tras el desastre
La reclamación no solo busca una sanción penal, sino también una responsabilidad civil por los daños sufridos a los responsables de las instituciones
En el caso de las Administraciones Públicas, nos encontramos ante un escenario diferente porque no se les puede exigir responsabilidad civil solidaria, por ello se trabaja en una demanda de responsabilidad patrimonial contra ellas.
¿Qué hechos se denuncian?
Los sucesos que se ponen sobre la mesa son de una gravedad extrema y evidencian fallos en la gestión de la emergencia:
Falta de previsión
Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advertían del peligro con alertas reiteradas, con avisos que llega a declarar alerta roja por riesgo extremo, (cuando existe riesgo para la vida), sin que se tomen las medidas necesarias.
Descoordinación entre administraciones
No se activaron protocolos efectivos para proteger a la población sin que se garantizara su seguridad ante el avance de la riada.
Riesgo de inundaciones ignorado
El barranco del Pollo es una zona de alta prioridad en la gestión de inundaciones, de hecho existen estudios y medidas previstas (como el desvío del caudal y la protección de áreas urbanas), sin que se hubieran implementado, con el consiguiente desastre tras la riada.
Omisión del deber de socorro
Cientos de personas se sintieron abandonadas en medio de la catástrofe, sin una respuesta adecuada por parte de las autoridades.
En estos momentos el caso se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción, que debe investigar, con las pruebas presentadas, para determinar si existen indicios de criminalidad y, en ese caso, dar paso a la fase de juicio penal.
