Madrid, 24 feb (EFE).- La Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) ha alertado este lunes de que la entrada en vigor de determinados aspectos de la ley de eficiencia de la Justicia alargará aún más los procesos judiciales de divorcio o el régimen de visitas al obligar a recurrir a métodos alternativos de solución de controversias antes de acudir a la vía judicial.

Según ha denunciado la asociación en un comunicado, el próximo 3 de abril entra en vigor la implantación de esta negociación previa obligatoria que -advierte- provocará procesos judiciales todavía más largos, "de uno a dos meses más como mínimo".

La nueva ley -aprobada el pasado mes de diciembre- incluye la obligación de recurrir a métodos alternativos de solución de controversias (MASC) con el objetivo de reducir el número de asuntos que llegan a los tribunales mediante una negociación previa entre las partes.

En España, los tipos de MASC más comunes son la negociación entre abogados, la mediación de un tercero, la conciliación y la abogacía colaborativa, pero todos ellos están poco implantados en nuestro país.

La Aeafa advierte de que si no se demuestra este intento previo de negociación en casos de divorcios contenciosos o de régimen de visitas con los hijos, por ejemplo, no podrán interponerse demandas o, de hacerse, serán inadmitidas.

Pero el problema es que actualmente en España no todas las localidades cuentan con juzgados especializados en materia de Familia, Infancia y Capacidad, una reivindicación histórica de la Aeafa, que critica que tampoco la nueva ley ha atendido esta necesidad.

De hecho, los expertos de la Aeafa alertan de que esta ley no mejora sino que agrava la situación, ya que "en no pocos procesos, imponer los MASC supondrá una traba para acceder a los tribunales", algo preocupante en asuntos de Familia con menores involucrados, "que siempre son temas delicados".

En este sentido, el secretario de la asociación, Álvaro Iraizoz, avisa de que la singularidad de los procesos de Familia y el hecho de que niños, niñas y adolescentes estén involucrados en ellos, hace que los obstáculos al acceso a la Justicia conlleven riesgos.

"Existen numerosos conflictos en este ámbito en torno a sistemas de custodia o visitas, alimentos debidos o el uso de la vivienda familiar, en los cuales las dilaciones en la tramitación traen siempre consecuencias muy perniciosas", advierte.

Indica que, aunque la redacción de la norma es confusa, los jueces consultados por esta asociación interpretan que, según el espíritu de la ley, deberán someterse a esta negociación previa obligatoria algunas cuestiones como la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas, la pensión de alimentos y asuntos matrimoniales como la separación y divorcio de mutuo acuerdo, la liquidación de la sociedad de gananciales o la compensación por el trabajo doméstico.

En este contexto y dado el "desconcierto" que genera la implementación de la ley y sus posibles efectos, la Aeafa advierte de que los juzgados están recibiendo una "avalancha" de demandas antes de su entrada en vigor para sortear sus efectos.

Esto se debe a que la ley no especifica de manera clara qué materias de Derecho de Familia deben someterse obligatoriamente a un MASC, lo que deja un margen de interpretación amplio y puede generar incertidumbre tanto para los profesionales del Derecho como para los ciudadanos.