La reciente y contundente sentencia del Tribunal Constitucional 168/2023, dictada el 22 de noviembre, pone fin a una de las situaciones más evidentes de abuso de poder de los últimos años en la Comunidad Valenciana. Este abuso, derivado del incumplimiento sistemático por parte de la administración de la obligación de expropiar los suelos dotacionales destinados a usos públicos y de la correlativa imposibilidad de los particulares afectados de ejercer su derecho de propiedad y también de instar la expropiación rogada, finalmente ha encontrado respuesta en la justicia constitucional, abriendo un camino incierto para los propietarios de suelos destinados al uso público y colocando en una complicada situación a muchos Ayuntamientos.
 

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