Madrid, 20 feb (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado expedientes sancionadores a empresas que administran viviendas turísticas ante la sospecha de que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios.

Según un comunicado emitido este jueves, los datos recopilados por la Dirección General de Consumo constatarían que estas compañías estarían ocasionando "lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada" al estar ofreciendo información falsa o que puede inducir a error.

Esto es, por ejemplo, indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular o varias, cuando en realidad se trata de una empresa, prácticas que pueden llegar a calificarse como infracciones graves y recibir multas de hasta 100.000 euros.

No obstante, el Ministerio recalca que esta cantidad se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que haya obtenido cada empresa por haber llevado a cabo estas prácticas posiblemente engañosas.

Consumo considera que estas plataformas de alquiler turístico podrían estar realizando prácticas engañosas y alterar el comportamiento económico, como define el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.

"Afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, así como presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario", detalla dicha ley.

Esta apertura de expedientes sancionadores tiene su origen en la investigación puesta en marcha desde el departamento que lidera Pablo Bustinduy el pasado diciembre, a partir de la cual se requirió información a diversas empresas que operan en todo el territorio nacional comercializando cientos de alojamientos turísticos en régimen de alquiler.

En aquel momento, fuentes del sector confirmaron a EFE que Consumo había abierto un expediente sancionador a la plataforma Airbnb tras haberle solicitado que retirara "de forma inminente" miles de anuncios con publicidad "ilícita".

"Hoy damos un paso más para poner coto a las prácticas abusivas en el mercado de la vivienda", ha reivindicado Bustinduy en un vídeo publicado este jueves, en el que se ha comprometido a "garantizar el derecho a la transparencia y a recibir información veraz" por parte de los consumidores.

El ministro ha explicado que su voluntad es aplicar la ley, garantizar que los derechos de los consumidores se cumplen y conseguir que las "lógicas especulativas y extractivas" que, en sus palabras, "están expulsando a la gente de sus barrios", no se impongan sobre el derecho a la vivienda.