“La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia debe contar con los medios materiales y humanos precisos para que pueda desplegar todo su potencial y debe hacerlo en todos y cada uno de los partidos judiciales de nuestro país”. El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha expuesto de esta forma dos de las claves que serán fundamentales para que la nueva ley consiga los efectos que se pretenden de ella.
Sus palabras han servido para arrancar el ciclo formativo sobre la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que ha sido coorganizado por la Abogacía Española y por el Poder Judicial y que se extenderá durante seis sesiones en otras tantas semanas.
Luis Martín Contreras, vocal del CGPJ, se ha referido, en su intervención en la inauguración, a las “modificaciones organizativas de altísimo calado” que introduce la LO 1/2025. “La abogacía y todos los operadores jurídicos nos tendremos que adaptar a las nuevas estructuras para realizar el trabajo con las máximas garantías”, añadió.
En su intervención, Salvador González, ha saludado esta nueva reforma de la Justicia y lo que aporta el salto tecnológico, pero también ha advertido que “nadie se puede quedar atrás en la transformación digital; el derecho de defensa ha de estar plenamente garantizado”.
Asimismo, González ha apuntado a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como la gran apuesta de la nueva ley. Es por ello que los MASC ocuparán la mitad del ciclo, de forma que los diferentes ponentes puedan descender hasta lo más concreto para que la formación sea de la máxima utilidad para los profesionales involucrados en el sistema público de Justicia.
La primera sesión de este ciclo ha estado dedicada a explicar en detalle el requisito de procedibilidad de los mecanismos alternativos de solución de controversias, una de las principales novedades que introduce esta ley y que se aplicará a los asuntos civiles y mercantiles, potenciando la negociación entre las partes, directamente o a través de un tercero neutral.
“No se podrá admitir ninguna demanda si no se ha intentado la negociación previa”, explicó la magistrada Celia Belhadj Ben Gómez, quien explicó los diferentes tipos de MASC y cómo se ha de acreditar ese intento de negociación.
También intervinieron los abogados Agustín Azparren y Juan A. García Cazorla, consejero de la Abogacía, así como Abigail Fernández González, letrada de la administración de Justicia para explicar cómo se han regulado los MASC, los casos a los que se aplican, las excepciones, su efecto en las costas y su cobertura por parte de la asistencia jurídica gratuita, así como el papel del experto independiente y los plazos para alcanzar un acuerdo.
“La abogacía es esencial para alcanzar un acuerdo”, señaló García Cazorla, quien se refirió a la vocación negociadora de la profesión. También expresó su preocupación por la confidencialidad de las comunicaciones entre los letrados.
El ciclo continuará con otras cinco sesiones que terminarán el 26 de marzo.
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