La independencia judicial y los desafíos de la digitalización han centrado la sesión especial del Foro Justicia ICAM celebrada este martes en la sede del Colegio de la Abogacía de Madrid. El encuentro, que ha reunido a representantes de las principales asociaciones judiciales, ha puesto sobre la mesa la necesidad de garantizar la separación de poderes y de corregir las deficiencias en la implementación de la justicia digital.
En su intervención, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha reafirmado el compromiso de la abogacía madrileña con la independencia del poder judicial, subrayando que se trata de “un derecho fundamental de la ciudadanía y la garantía última de un Estado de derecho sólido”. En este sentido, ha alertado de los riesgos que pueden comprometer la imparcialidad de los jueces y ha defendido que “la independencia judicial no puede ser objeto de negociación ni estar sujeta a intereses ajenos a la función jurisdiccional. Una justicia libre de presiones políticas o económicas es la única garantía para la tutela efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos”.
No obstante, garantizar una justicia independiente no pasa solo por preservar la separación de poderes, sino también por dotar al sistema de los medios adecuados para su correcto funcionamiento, ha explicado el decano. “Si queremos una justicia independiente y eficaz, debemos abordar también la modernización del sistema judicial y los retos de la digitalización. Defendemos una justicia digital accesible y eficiente, pero la digitalización no debe vulnerar derechos fundamentales ni generar desigualdades en el acceso a la información procesal”, ha subrayado.
Graves deficiencias en la digitalización de la Justicia
En las últimas semanas, el ICAM ha venido denunciando las graves deficiencias de la plataforma HORUS y del Expediente Judicial Electrónico, sistemas que están dificultando el acceso de la abogacía a los procedimientos y afectando directamente al derecho de defensa: “Estos déficits afectan directamente la igualdad de armas y el derecho de defensa, no podemos permitir que la digitalización de la justicia se convierta en una barrera en lugar de un avance””, ha advertido Ribón.
Para afrontar esta situación, el Colegio madrileño ha impulsado diversas iniciativas, entre ellas la elaboración de la ‘Guía de Derechos de la Abogacía ante la Justicia Digital’ y la puesta en marcha de un mecanismo de quejas para trasladar estas preocupaciones a las instituciones responsables y exigir soluciones inmediatas.
Además, Ribón ha anunciado que el ICAM presentará próximamente en el Congreso una batería de enmiendas para regular de forma adecuada la implementación de la justicia digital en España, y en concreto, el expediente judicial electrónico, en el marco del Proyecto de Ley sobre eficiencia digital (procedente del Real Decreto-ley 6/2023), en tramitación en la Comisión de Justicia.
Finalmente, el decano madrileño ha querido subrayar la importancia de otro pilar fundamental para la abogacía y el derecho de defensa: el secreto profesional, advirtiendo sobre cualquier injerencia o intromisión que pueda poner en riesgo esta garantía esencial para la tutela judicial efectiva.
La independencia judicial, eje del Foro Justicia ICAM
Tras la intervención del decano, representantes de las cuatro principales asociaciones de la magistratura española han debatido sobre los diferentes factores que podrían poner en riesgo la independencia del poder judicial. Pilar Astray Chacón, de la Asociación Profesional de la Magistratura; Sergio Oliva, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria; Roberto García Ceniceros, vicepresidente de Foro Judicial Independiente; y Benjamín Sánchez Fernández, en representación de Juezas y Jueces para la Democracia, han abordado que distintas reformas legislativas, desde del modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta la provisión de plazas y la financiación de las asociaciones judiciales, podrían poner en la separación de poderes.
Desde distintas perspectivas, los ponentes han analizado la creciente preocupación en el sector jurídico sobre la posible pérdida de independencia del poder judicial y sus efectos en la calidad y prestigio de la Justicia en España.
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