Madrid, 27 feb (EFE).- El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar que millones de ciudadanos se ven privados de asistencia jurídica gratuita al no haberse actualizado el criterio que permite acceder a este derecho pese al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los últimos años.

Esta situación se debe a la falta de actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que sigue siendo el criterio principal para acceder a ese servicio, ha informado el ICAM en un comunicado.

En la situación actual, únicamente las personas no integradas en ninguna unidad familiar que cobren el SMI pueden tener posibilidades reales de acceder a la asistencia jurídica gratuita.

Así, los ciudadanos que pertenezcan a una unidad familiar de dos, tres o más miembros solo con que dos de ellos perciban el SMI e, incluso, uno de ellos, y el otro trabaje a media jornada, ya no podrán acceder a ese derecho al exceder los umbrales previstos en la ley.

Desde la reforma de 2013, el IPREM sustituyó al SMI como referencia para determinar quién tiene derecho a justicia gratuita, cuando el salario mínimo interprofesional ha aumentado en un 61 % desde 2018 y el otro indicador solo ha crecido un 11,5 %.

Esto genera situaciones "absurdas e injustas" como que una persona sin familia que cobra el SMI puede acceder al beneficio, pero una pareja con hijos, en la que ambos progenitores lo perciben, queda automáticamente excluida, explica Juan Manuel Mayllo, Diputado responsable de Justicia Gratuita del ICAM y encargado de presentar la queja.

El ICAM reclama al Defensor que inste al Gobierno a modificar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para que los umbrales de acceso se actualicen conforme al SMI o, en su defecto, se incremente significativamente el IPREM para que refleje la realidad económica actual.

Asimismo, exige que se adopten medidas urgentes para garantizar que ninguna persona en situación de vulnerabilidad quede desprotegida ante el sistema judicial por razones económicas.

El Colegio se ha dirigido también al Ministerio de Justicia y a los grupos parlamentarios para reclamarles, igualmente, una solución urgente.